blogs | La Segunda : Redacción, editorial, 12/10/2010.
Es satisfactorio comprobar, a propósito del viaje relámpago ayer del Presidente Piñera a Quito, el buen nivel de nuestras relaciones con Ecuador. Se trata de un vínculo cuya fortaleza se sustenta en valores e intereses históricamente compartidos, pero donde también cabe reconocer los esfuerzos más recientemente desplegados para potenciarlo. Echando por tierra cualquier aprensión respecto de las diferencias ideológicas entre uno y otro gobierno, durante 2010 se ha observado un fluido intercambio entre los dos países, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como del Legislativo. En ese contexto, Chile ha hecho gestos importantes a Ecuador, como la aprobación del tratado de Unasur por parte del Senado, un tema que suscitaba legítimas dudas entre parlamentarios de la Alianza, pero donde resultaron finalmente claves las gestiones del Presidente Rafael Correa por lograr su ratificación. En la crisis suscitada por la rebelión policial el pasado 30 de septiembre, el gobierno chileno jugó también un activo rol en apoyo de la estabilidad institucional ecuatoriana. Ese día, Piñera habló telefónicamente con Correa apenas se tuvo información de lo que sucedía y promovió una reunión de emergencia de los mandatarios sudamericanos en Buenos Aires. Con el viaje de ayer, en tanto, se transformó en el primer Jefe de Estado en visitar a su colega ecuatoriano luego del alzamiento.
Pero si el encuentro en Quito fue la oportunidad de expresar el respaldo chileno a los valores democráticos amenazados durante la reciente crisis, también sirvió para explicitar la común visión de ambos países respecto de la vigencia de los tratados de 1952 y 1954 que definen las fronteras marítimas en el Pacífico Sur y que aparecen cuestionados por la demanda peruana ante La Haya. Como se sabe, Lima niega que esos documentos tengan el carácter de tratados limítrofes y pretende reducir su significación a la de simples acuerdos pesqueros. A partir de ello es que sustenta su cuestionamiento a la frontera marítima con nuestro país. El punto es que los tratados referidos también fijan su límite marítimo con Ecuador, de modo tal que un desconocimiento de sus alcances afecta igualmente a Quito. Fue por ello que la Corte informó a Ecuador de la demanda, abriéndose la posibilidad de que ese país se haga parte en el juicio.
Para evitar ese escenario, que le sería completamente desfavorable, es que Perú ha desarrollado una ofensiva diplomática sosteniendo no tener problemas con su vecino del norte. Para salvar la evidente contradicción de desconocer la frontera con Chile y sí reconocer aquella con Ecuador, se sustenta en un artículo del tratado del 52 que alude a la presencia de islas en la zona limítrofe. Como parte de tal ofensiva, el Presidente Alan García incluso envió una carta a Correa asegurando la señalada no existencia de problemas en materia de fronteras marítimas. Siendo discutible el valor jurídico de esa misiva, el Gobierno ecuatoriano, hábilmente, dio en agosto el paso de publicar, a través de un decreto, su Carta Náutica, en la que se grafica el límite marítimo con Perú, haciendo expresa referencia a los tratados del 52 y 54. A ello añadió ayer Correa una nueva señal, al advertir a Lima que, si impugna dicha Carta Náutica, se verá obligado a concurrir a La Haya. De este modo, las autoridades peruanas quedan en una compleja situación: si quieren evitar que Quito se haga parte en el juicio, deben reconocer validez jurídica a un documento que, en buenas cuentas, avala la tesis chilena.
Aunque, desde el punto de vista de nuestro país, podría parecer un escenario ideal la concurrencia de Ecuador a La Haya, lo cierto es que, aun de no concretarse aquello, ha ido quedando clara la comunidad de intereses entre las dos naciones respecto de esta materia y una coincidencia de fondo que confirma la solidez de los argumentos de Chile.
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