Defensa en La Haya exige política integral - editorial | La Segunda

La Segunda , editorial, 09/11/2010.-

Como parte de un proceso reglado y con plazos predefinidos, la presentación hoy ante La Haya de la réplica peruana a la contramemoria chilena en el juicio por la demanda marítima no debiera —al menos en principio— introducir nuevos elementos de tensión entre los dos países. Primero, la solidez de la posición chilena en este tema —sustentada en la existencia de tratados vigentes cuya validez Lima pretende relativizar— y, luego, la seriedad y profesionalismo con que se ha abordado nuestra defensa jurídica, procurando contar con los más destacados especialistas, dando continuidad al trabajo de los equipos y asumiendo el asunto como una materia de Estado, permiten a Chile enfrentar con serenidad los sucesivos pasos de esta causa. Los dos países, por otra parte, comparten intereses comunes en una diversidad de ámbitos, y ello impone la necesidad de manejar razonablemente los vínculos bilaterales, a objeto de no afectarlos.
Menos claro es sin embargo que el tema puede ser del todo «encapsulable» —una vieja tesis peruana—, al punto de pretender que el resto de la relación no sea en absoluto afectada por él. Ello, en primer lugar, por la propia naturaleza del caso: el juicio en La Haya implica la pretensión, por parte del Perú, de desconocer un límite marítimo que ha sido respetado durante más de medio siglo, actitud «inamistosa» —como lo dijeron en su momento las autoridades chilenas de la época, y lo han ratificado las actuales— que necesariamente incide en el marco general de las relaciones. Se trata de un punto no puramente teórico: basta revisar la prensa peruana para ver el grado de atención pública y las recurrentes manifestaciones de animosidad a que da origen. Pero además, estando en juego un asunto jurídico, sería irreal desconocer que este tipo de causas se desarrollan en un cierto entorno. Desde esa perspectiva, la defensa de una posición no se agota en la mera discusión judicial. Así lo ha entendido el actual Gobierno, por ejemplo, al reforzar la estrategia comunicacional chilena y al asumir el propio Presidente Piñera esta preocupación durante sus giras internacionales. En esa línea, las señales hacia el exterior también exigen especial atención, y desde ya cabe esperar que, estando aparentemente decidida la visita del Primer Mandatario a Perú el próximo 25, ella sea acompañada de los resguardos para evitar dar pie a interpretaciones equívocas que busquen minimizar la importancia de lo que se resuelve en La Haya.
Siendo la relación privilegiada con Ecuador una constante de nuestra política exterior, los esfuerzos de los últimos meses por reforzar esos lazos y explicar a Quito los alcances de lo que está en juego a raíz de la demanda marítima han sido valiosos y otra muestra de que el asunto no se agota sólo en la preparación de alegatos jurídicos. El principal fruto de esos esfuerzos fue la decisión ecuatoriana de promulgar su carta náutica, que en los hechos —al reconocer la validez de los tratados que fijan los límites marítimos entre los tres países— viene a reforzar nuestra posición. Sin embargo, la posibilidad de que ella sea presentada ante la ONU —lo que podría obligar a Perú a un pronunciamiento público— está lejos de ser inminente, y el propio Presidente Correa señaló el fin de semana, durante su visita a Chile, su decisión de evitar al máximo cualquier conflicto con Lima. Igualmente, la opción de que Quito pudiera optar por hacerse parte del juicio en La Haya hoy se ve lejana. No obstante, todavía cabe seguir explorando mecanismos para que en el curso del juicio —sea de un modo más o menos formal— quede clara la postura ecuatoriana respecto de los tratados de 1952 y 1954, plenamente coincidente con la chilena. Se trata de un desafío más de los muchos que el tema seguirá imponiendo a nuestra política exterior por los próximos años.